La noticia es muy alentadora para Colombia, país que ha sufrido por décadas los embates de la violencia y en donde siempre se ha administrado una justicia mediocre, débil, benéfica para con los victimarios, adornada con miles de trabas y absolutoria.
Por fin, luego de siete años, este primero de noviembre expiran los 'eternos' siete años de salvaguarda que firmó el ex presidente Andrés Pastrana Arango y su sucesor, Álvaro Uribe Vélez, para impedir que entrara a operar la justicia internacional en muchos de los casos aberrantes que han propiciado los diversos actores del conflicto armado interno colombiano (paras, guerrilla y Fuerzas Militares).
¿PARA QUÉ LA SALVAGUARDA?
El 'experimento' de la salvaguarda se dio en un momento crucial en que el Estado colombiano pedía un respiro para su justicia y las dependencias que la administran. Además, es de recordar que Andrés Pastrana seguía un proceso de paz con la guerrilla de las FARC.
Producto de esta reorganización, instituciones como la Fiscalía General de la Nación se hicieron a la investigación y judicialización de casos cruciales como las masacres de los paramilitares y algunos hechos -no menos graves- perpetrados por la guerrilla. De allí surgió el denominado proceso de 'Justicia y Paz', el cual buscaba retomar el control judicial de los miles de casos dispersos en el país, armar el consabido rompecabezas de los hechos, juzgar a los culpables, desmovilizar a los que aún estaban en armas, y así lograr una verdadera política de reconciliación, verdad y reparación a las víctimas.
PERO...¿QUÉ SE LOGRÓ?
Aunque la Presidencia y la misma Fiscalía defienden y hablan de las bondades del proceso de 'Justicia y Paz' -que no en todo es malo-, hoy es poco creíble y alentador lo que se puede mostrar:
1. La mayoría de jefes paramilitares están en cárceles de Estados Unidos purgando penas por narcotráfico y no por delitos de lesa humanidad. Como si esto fuera poco, algunos se niegan a cooperar con el proceso, burlándose así de las víctimas y del mismo Estado.
2. Los grupos de paramilitares que 'cayeron en paracaídas' en las ciudades luego del proceso de desmovilización, hoy no tienen oportunidades ni nada qué hacer allí. Resultado: se están reorganizando o prestando sus servicios violentos al mejor postor (narcotraficantes o nuevas bandas emergentes).
3. La reparación a las víctimas ha sido toda una odisea: fincas embargadas, propiedades que se caen a pedazos y no sirven para nada, procesos lentos, amenazas, intimidaciones y hasta asesinatos de personas que buscan retornar a sus tierras o recuperar sus pertenencias.
4. La impunidad campea: aunque muchos de los implicados han confesado sus delitos, aún no reciben una condena ejemplar o los procesos avanzan a paso lento.
5. Otro dato: ha aumentado el reclutamiento de niños (por parte de las FARC y los grupos emergentes), se sigue dando el desplazamiento, la violencia sexual, las ejecuciones extrajudiciales, las masacres y los nexos entre políticos y actores del conflicto armado.
6. ¿Qué ha pasado en relación a los casos de la guerrilla? ¿Han reparado a sus víctimas? ¿Qué avances se han logrado en el tema de justicia respecto a este grupo criminal?
Total, enhorabuena que la Corte Penal Internacional pueda entrar a actuar, por lo menos, en los casos de mayor trascendencia que han sacudido la historia reciente del país.
Si usted desea leer la nota del periódico El Tiempo titulada: 'Corte Penal Internacional ya indaga sobre falsos positivos, parapolítica y financiación a las FARC', de clic en:
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/corte-penal-internacional-ya-indaga-sobre-falsos-positivos-parapolitica-y-financiacion-a-farc_6325649-1
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